La ley propuesta por el gobierno de Uribe Vélez –que en un inicio solo beneficiaría a miembros de grupos paramilitares- tuvo tanta acogida que hoy, ocho años después de haber sido aprobada, cuenta con una unidad entera en la Fiscalía que indaga estos procesos, la unidad de justicia y paz, en apoyo con la fiscalía cuarta. Este éxito de la ley también se evidencia en los cambios en las políticas carcelarias ya que, todos los guerrilleros y miembros de grupos paramilitares del país –con la excepción de los cabecillas de algunas bandas delictivas- se encuentran recluidos en determinadas cárceles en su mayoría, de mediana seguridad.

 

En esta ley, no solo se puede hablar del futuro de un desmovilizado y su posible reinserción, sino de cómo estos miembros acogidos a la ley, lograrán resarcir el daño hecho a las víctimas, partiendo de una reparación simbólica que según presidente Santos reconoce el sufrimiento humano en la guerra, que es un deber ético inaplazable