Justicia y Paz: la lucha entre víctimas y victimarios
Hasta el día de hoy, han sido reconocidas públicamente cerca de 5,5 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, entre periodistas, sindicalistas, campesinos, indígenas, reclamantes de tierras, e independientemente de su profesión u origen étnico, todas estas personas han sufrido el flagelo en carne propia. Desapariciones forzadas, violaciones, atentados, y muchas otras formas de violencia, callaron las voces de estos números, de estas cifras, que más allá de representar una estadística, hoy, hablan por los otros 41 millones de Colombianos. Los padres, esposos, hermanos, y familiares de esas víctimas, han tenido que ver frente a sus ojos, cómo se siguen cometiendo atropellos en su contra aún después de haberlo perdido todo. Hoy, sus victimarios adquieren grandes beneficios que les protegen y le dan una envestidura jurídica, al tener por condena una cantidad de años irrisoria, en comparación con su condena inicial, todo esto, en el marco de abrir vías a un proceso de paz óptimo.
Pero, el conflicto interno armado en Colombia, más allá de ser una problemática política, ha sido también una lucha territorial, pues, al igual que en muchos otros países latinoamericanos, quien tiene la mayor cantidad de tierras, es quien tiene el poder. Es por esto que no es difícil comparar a las cabecillas de grupos al margen de la ley, con los señores feudos y latifundistas de la colonia, después de todo, nuestro conflicto se remonta a esos años en los que aún nos gobernaba el imperio español. Concretamente, el conflicto político en Colombia se remonta al siglo XIX cuando las rivalidades entre los partidos liberal y conservador, que representaban en cierta forma los intereses de la población, se enfrentaron en una guerra que acabaría con decisiones políticas que incluso hoy, casi sesenta años después, le cuestan mucho a Colombia.
El partido liberal quedó en ese entonces, por fuera del poder hasta 1930 cuando oportunamente se llevaron a cabo una serie de reformas como la tributaria, fiscal y sobre todo, la agraria y laboral, debido a esto se generó una etapa de interacción política entre el partido liberal y conservador, quienes ejercían una oposición que impediría el desarrollo de las reformas, y que las bloquearía finalmente en 1947. El punto de giro de esta violencia se daría en 1948 con el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán. Su asesinato provocó una explosión de ira popular que se denominó "el Bogotazo" y este hecho es el que da el inicio de la denominada violencia en Colombia. Tan solo entre los años 1948 y 1953, fueron asesinadas unas 300.000 personas, allí proliferaron los grupos irregulares armados por parte de los dos bandos y se puso fin de forma definitiva a la reforma agraria que se pretendía realizar desde la década de los años 30.
En medio de esta época, habiendo iniciado apenas la década de los sesenta, las reformas y de desigualdades sociales por parte del mismo gobierno, eran el pan de cada día. Por esto, a comienzos de la década surgieron grupos de defensa del pueblo es decir las guerrillas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Ejécito de Liberación Nacional ELN, quizás esta fue la consecuencia más importante que tuvo toda esta inequidad de la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras, y la injusticia social en nuestro país. En los años 60 también surgieron varios grupos de oposición que acabarían desapareciendo, como por ejemplo: El Movimiento Revolucionario Liberal, Frente Unido, ANAPO, etc. El último intento de esta historia de la oposición fue la Unión Patriótica (UP), un movimiento político de los años 80 que operaba en función de trasladar el creciente movimiento guerrillero hacia una oposición civil, es decir, abandonar las armas para pasar a ser una oposición legal. Este movimiento sería liquidado físicamente en su totalidad con un saldo de 3000 muertos. Estas víctimas también continúan en la impunidad.
Es en este momento en el que, según el sociólogo e investigador de la Universidad Nacional, Teófilo Vásquez, hay un evento de mucha importancia y es la consolidación del grupo más antiguo, activo, y con mayor número de efectivos, es decir las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de ideología marxista-leninista, con origen en los grupos de campesinos que reclamaban la reforma agraria. Después de este importante grupo, le seguiría el Ejército de Liberación Nacional (ELN), heredero de un movimiento estudiantil inspirado en la revolución cubana y la teología de la liberación. Debido a ese notable incremento de las guerrillas, el país experimentó la creación de grupos paramilitares de extrema derecha. Podría decirse que se originan de las milicias rurales formadas por los grandes propietarios terratenientes, funcionarios locales en zonas en las que la presencia del Estado es débil. A esa estructura nacional se le denominó Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
Según el plan de desarrollo de Colombia establecido bajo la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), se propusieron por primera vez vías de pacificación en la que se daría una amnistía general para todos los grupos armados de oposición y se ofreció negociar en el marco de un régimen amplio de incorporación política. El resultado de esas primeras aproximaciones a los procesos de paz, fue un alto el fuego de las FARC en 1985, sin embargo, debido a la falta de respaldo y tras el abatimiento de cientos de guerrilleros, las FARC volvieron a las armas y la iniciativa no avanzó.
Posteriormente, Andrés Pastrana se lanzó a finales de 1999 con el Plan Colombia, un proyecto integral que debía lograr también erradicar el narcotráfico y fomentar el desarrollo económico y social del país en todas sus regiones y sectores apartados. Éste fue un plan evaluado en unos 7500 millones de dólares y financiado por Colombia, USA y Europa, además de otros recursos provenientes de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que países como Japón y Suiza, quienes hicieron importantes aportes al país en ese año. Durante su gobierno, Andres Pastrana tuvo voluntad de negociación con los grupos guerrilleros, pero después de un largo proceso de paz que terminó en el vergonzoso episodio de la Silla Vacía, dio por fracasada la iniciativo e hizo pública la ruptura de negociaciones con la guerrilla a principios del año 2002
Contexto Histórico
Situación Actual
Podría hablarse de actualidad en el tema de conflicto armado, después del año 2005 cuando Álvaro Uribe Vélez ya disfrutaba de su título como presidente de la República, después de haber sido gobernador y haber trabajado arduamente por la seguridad de Antioquia. Álvaro Uribe, fue electo presidente por sus propuestas y sus tres objetivos fundamentales
- Campaña por las reformas políticas: combatir la corrupción y hacer más operativa la maquinaria institucional y administrativa.
- Proyecto de Seguridad Democrática: buscar la negociación con los grupos insurgentes desde la presión.
- Despliegue externo: introducir el conflicto colombiano en la agenda internacional.
Ante esta nueva línea de gobierno de Uribe, los grupos insurgentes se prepararon para la polarización del conflicto: las FARC por un lado, demostrando su fuerza intentaron extender el conflicto a varios frentes para así acercar la ofensiva a las ciudades, y por otro lado el ELN intentó sobrevivir defendiéndose de las Fuerzas Armadas y de las Autodefensas o paramilitares del sector en el que se ubicaban. Actualmente, tras 50 años de conflicto, podría decirse que aún ni el Estado ni los grupos armados han conseguido alguno de sus objetivos, pero si se puede afirmar que la población civil es la que ha tenido que sobrellevar estos constantes enfrentamientos y ofensivas entre las Fuerzas Militares y los grupos alzados en armas.
Desde entonces, los rescates y los ataques a los principales frentes de las FARC, hicieron que se debilitara notablemente, aunque ese reconocimiento se puso en duda ante la opinión pública, tras el escándalo de los Falsos Positivos, es decir, civiles caracterizados con indumentaria de las FARC y reseñados como guerrilleros abatidos ante el Ministerio de Defensa. En el año 2006 se incrementó la cantidad de miembros de la Fuerza Pública, a pesar de esto, se presentaron más de 2.000 secuestros. En ese mismo año, en el afán de mostrar resultados, el Ministerio de Defensa reportó como capturados 24.035 guerrilleros, número erróneo que casi supera la totalidad de efectivos de las Farc, las AUC, y el ELN, lo que resulta ser una polémica irregularidad en la seguridad democrática de Uribe.
Después del gobierno de Uribe en el que se hacía apología a la política de Seguridad Democrática bajo el lema: “Mano firme y corazón grande”, el que fue su Ministro de Defensa, ascendió a la presidencia, y desde que asumió este cargo, las FARC han retomado sus operaciones en las zonas rojas, sobre todo en el Caquetá. Factor que desencadenó y abrió vías a las negociaciones de la Habana que ya cumplen un año, pero con escasos avances, ya que la violencia ha persistido y el número de desplazamientos internos sigue siendo el más alto del mundo y en el que las víctimas demandan una reparación integral como lo estipula la ley.
Las leyes del Conflicto Armado
Existen dos leyes fundamentales que trabajan en función de abrir procesos de paz y reparar a las víctimas en Colombia, la ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas. La Ley de Justicia y Paz ó Ley 975 de 2005 es un marco jurídico promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y dentro de la Legislación de Colombia, fue aprobada por el Congreso para promover el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, aunque tiempo después, debido al aumento de activos en las guerrillas, fue necesario extender dicha ley a los guerrilleros que quisieran desmovilizarse. Esta es una de sus mayores falencias desde el punto de vista jurídico, ya que las condenas para paramilitares y guerrilleros no deberían ser las mismas ya que, si bien se rigen bajo el patrón de que ambas violan derechos de lesa humanidad, no se están teniendo en cuenta los agravantes que hacen que una condena sea mayor o menor que otra. Actualmente los beneficios que pueden ser jurídicos y económicos según el perfil del desmovilizado, se dan sobre la aceptación de crímenes cometidos antes de la promulgación de la ley de Justicia y Paz, por parte de miembros de grupos al margen de la ley, en veras de colaborar en un proceso de paz. Para ampliar el tiempo del beneficio de dicha ley, durante la reelección de Uribe Vélez, se radicó un proyecto que permitía que los miembros de grupos insurgentes pudieran acogerse a los beneficios de la Ley 975 del 25 de julio 2005. Dicha iniciativa sólo pasó por un debate y no se estableció finalmente.
Según el Alto Comisionado Para la Paz, Frank Pearl, durante el segundo periodo de Uribe, inicialmente se pensó que para el 25 de julio de 2005 las negociaciones iban a estar finalizadas, pero incluso en la actualidad, se siguen llevando procesos de negociación de condenas con los desmovilizados. Entre esa fecha y el año siguiente se desmovilizaron 25 mil paramilitares pertenecientes a 25 de los 37 frentes con mayor cantidad de hombres. Según el alto comisionado, en un principio hubo dificultades para la aceptación de la ley, porque la interpretación jurídica era que la Ley de Justicia y Paz cubría los delitos que las personas hubiesen cometido hasta el día de su desmovilización, y esa interpretación está vigente para la mayoría de la opinión pública hasta la actualidad. Aún así, la Corte Suprema de Justicia emitió jurisprudencias donde señalaba que sobre el artículo 72 de la Ley de Justicia y Paz: “se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación (25 de julio de 2005)”. Pero independientemente de la fecha límite en la que un desmovilizado puede confesar o cometer un crimen, los beneficios que estos reciben dejan cifras exorbitantes en comparación con el presupuesto destinado a la reparación integral de víctimas.
Tanto una víctima como un desmovilizado, debe pasar por un proceso de identificación y certificación como víctima o victimario, en el caso del desmovilizado, es el Ministerio de Defensa quien se encarga de verificar que perteneció a un grupo alzado en armas, así como de analizar cuáles fueron las condiciones de su entrega, es decir si fue voluntaria o no. En caso de que haya sido voluntaria la entrega, incluso puede significar gozar de una plena libertad sin tener un solo expediente ante la justicia colombiana. En el caso de las víctimas, deben recibir una carta de certificación y posteriormente empezar un proceso ante el PAARI, Plan de Asistencia, Atención, y Reparación Integral, donde el primer auxilio, denominado “prioritario” o “ayuda humanitaria” se demora de tres a cinco meses en llegar, y es un bono de mercado por cerca de $120.000.
Ricardo, conocido en las filas de la Guerrilla como “Daniel”, perteneció a la Columna Móvil Teófilo Forero, allí operó por más de 8 años al servicio de uno de los comandantes más sanguinarios de las FARC, alias “El Paisa”. Al estar bajo sus órdenes, tuvo que ejecutar secuestros y asesinatos durante sus años de guerrillero. Fue capturado en el 2007 en un operativo de las Fuerzas Militares, y desde su captura decidió acogerse a la ley de Justicia y Paz. En su celda, cuenta con comodidades que la misma ley le otorga, pero lo más importante, tiene un beneficio jurídico (que aún se encuentra en proceso) por el cual, su condena inicial- que iría en la justicia ordinaria entre 31 a 36 años de cárcel- sería rebajada a un promedio de 4 a 6 años de prisión. “El gobierno tiene que negociar, las víctimas tienen que en cierta manera perdonar lo que ha sucedido y pensar en el perdón como una posibilidad de tener un mejor país” responde pausada y elocuentemente este desmovilizado quien a sus 33 años de edad, ya ha pasado más de nueve en prisión, y al acogerse a la Ley de Justicia y Paz, después de haber confesado dos de sus crímenes, espera salir en libertad en máximo dos años.
En el mismo año que era capturado, su hermana, alias “Ángela”, había tomado la decisión de entregarse voluntariamente, aprovechando una oportunidad en la que tuvo que salir de la espesa selva amazónica a una pequeña población para combrar dotaciones para su frente. Se nota desconfiada ante las preguntas sobre su desmovilización, después de todo, su familia aún se encuentra en zonas donde hay guerrilla activa, y debajo de su largo cabello rizado y su tez morena, deja entrever rasgos de inseguridad al recordar su paso por la guerrilla. “Desde ese momento me convertí en una enemiga de la guerrilla. Allá la fidelidad es la primera regla, y uno puede salir, pero muerto” afirma alias “Ángela” y explica que al contrario de su hermano, su situación judicial es diferente ya que se desmovilizó voluntariamente y nunca cometió crímenes de lesa humanidad, “Mis funciones siempre eran muy adentro en la selva del Amazonas, en la rancha (depósito de alimentos) o cavando los chontos (letrinas selváticas), en fin, el Frente 60 en esa época no cometía tantas ejecuciones y durante mi permanencia jamás hubo una retención (secuestro) eran tiempos diferentes”. Ángela fue recibida en Bogotá en un albergue en el que tuvo que convivir con guerrilleros de otros frentes, e incluso con paramilitares, allí recibía tres comidas diarias, elementos de aseo, un techo digno y asistencia médica. Permaneció tan solo dos meses mientras las trabajadoras sociales se encargaron de ubicarla. Recibió mensualmente desde entonces un subsidio de $787.000 pesos, cifra que cuadruplica el subsidio TRIMESTRAL de una víctima de la violencia en Colombia. Actualmente Ángela se encuentra validando el bachillerato y cuando finalice, cursará una carrera técnica en alguna de las instituciones que les benefician a través de la Ley de Justicia y Paz. En su proceso de educación, cuando tenga una idea clara de qué “proyecto productivo” quiere tener para sostener a su familia, el gobierno le entregará una cifra aproximada de $8.000.000, con los cuales financiará su empresa o negocio. Según Ángela, si se cumplen las condiciones que pone la ley de Justicia y Paz a los guerrilleros desmovilizados, como ir al psicólogo, asistir a clase y demás, en un tiempo no menor a tres años o tres años y medio, estará recibiendo el beneficio económico para crear empresa. Cabe aclarar, que a los paramilitares y guerrilleros desmovilizados, se les da un monto adicional al salario de $787.000, como incentivo por asistir a clases, o al psicólogo, ese incentivo está alrededor de los $100.000 por consulta o clase, dependiendo de sus notas y comportamiento en el proceso.
En el caso contrario, si a una víctima “le va bien” en el proceso, en un tiempo de cinco a siete años, podrá recibir con suerte, un capital de $1.200.000 a $1.500.000 para emprender un proyecto productivo. Esto quiere decir, que tan solo con el auxilio que recibe un desmovilizado por concepto de arriendo y comida en un año, se podría financiar el proyecto productivo de siete víctimas del conflicto armado en Colombia. Pero, si bien así lo estipuló la ley de víctimas, según el Fondo Emprender, para que un negocio sea sostenible en el tiempo, se requerirá de una inversión de no menos de $5.000.000, ya que como lo afirma Rosalba García, víctima del conflicto armado en Colombia, $1.200.000 representan en una ciudad como Bogotá, un mercado y un arriendo.Tanto en la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) y en la Ley de Víctimas, se dictan disposiciones para la de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, lo que las diferencia es que a pesar de que deben tener en teoría acceso a los mismos beneficios: salud, educación, reparación, apoyo económico; la Ley de Justicia y Paz otorga beneficios mucho más representativos a los victimarios que a las víctimas, ya que lo único seguro en esta ley es una reparación simbólica, es decir, que el victimario rinda versión libre en una fiscalía, pida perdón a su víctima y narre cómo fueron los hechos. Y si bien, es necesaria la reparación simbólica y moral, esta no es suficiente para reparar las 5,5 millones de personas que sufrieron y sufren el flagelo del conflicto. Según María Oliva Vargas, líder de un grupo de víctimas, la reparación moral es importante, y explica " a mí la disculpa de un guerrillero no me va a devolver a mi hijo, ni mucho menos mi casa, ni mis gallinas ni mi ganado, es que la gente no entiende que nosotros no éramos mendigos, éramos personas con una vida digna antes de que ellos nos la arrebataran”.Y es que hasta el momento, muchas de las víctimas que llegan al Centro de Atención ubicado en el barrio El Restrepo, no saben ni siquiera cómo iniciar un proceso de reparación, y por la falencia de personal en esta entidad y en general en las entidades públicas, la atención es muy demorada, por tanto, un auxilio prioritario a un recién desplazado, tarda meses en llegar y en ocasiones, aparece cobrado por la persona cuando ésta no lo recibió, lo cual indica que la corrupción también permea las entidades de reparación a las víctimas del conflicto.
Actualmente ante la Corte Constitucional, existen varias demandas en contra de esta ley, y de sus cambios a lo largo del tiempo en donde se han incrementado los beneficios jurídicos en función de agilizar el proceso e ir evacuando las cárceles de Justicia y Paz. Los demandantes argumentan que la remisión que hace la ley de 'Justicia y Paz' a la conocida como Ley de Víctimas -ley 1448 de 2011- representa una ausencia de protección a los derechos de las personas víctimas que no reúnan los requisitos establecidos por ésta última para acceder a sus derechos, al igual que limita la acción de la justicia, por cuanto la ley de víctimas privilegia las medias administrativas y no las judiciales. En la ley 1448 de 2011, es decir, la Ley de Víctimas, una víctima es reconocida como tal si las violaciones en su contra se refieren a los crímenes internacionales. Por ejemplo: asesinato o desaparición forzada, tortura, lesiones físicas permanentes o transitorias cometidas contra la población civil, reclutamiento forzado de menores, delitos contra la integridad o libertad sexual y el desplazamiento forzado PERO "en el marco del conflicto armado".¿Qué representa esa frase?, la ley dice que en cada caso particular se deberá definir si la victimización ocurrió o no en el marco del conflicto armado interno por el que atraviesa el país. Los casos más evidentes son aquellos en los que el delito fue cometido por un miembro de un grupo armado al margen de la ley (como los grupos guerrilleros o paramilitares), siempre y cuando no se trate de un delito cometido por fuera del plan operativo o del accionar del grupo (como por ejemplo, una venganza personal o una retaliación familiar). Entonces, si a una víctima la desplazaron y además asesinaron a un familiar en venganza, esa víctima no será reconocida al no estar “en el marco del conflicto armado”, y además, será la víctima la encargada de presentar las pruebas que le sirvan para validarse como tal ante el gobierno.
Finalmente, los demandantes de la Ley 975 consideran que la ampliación de la vigencia y alcance de la ley de 'Justicia y Paz', al permitir nuevas postulaciones, en ciertos casos sin límite en el tiempo, “desconoce la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos, y que existan garantías de la no repetición de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, así como que se privilegien los derechos de las personas víctimas sobre los privilegios que se conceden a los perpetradores de tales crímenes”.
Casi al salir de la Cárcel de mediana seguridad de Chiquinquirá, donde hay 332 desmovilizados acogidos al proceso de justicia y paz, Ricardo pregunta nuestra opinión acerca de los diálogos de paz y recuerda la intervención de Pablo Catatumbo en una entrevista reciente y afirma, “él dice que no tiene que pedir perdón pero porque está en libertad y porque cree que por toda su fundamentación filosófica no hizo nada mal, que lo hizo todo en función del pueblo. Lo cierto es que todos pensamos lo mismo, y sólo nos damos cuenta aquí lejos del monte, que el primer paso para la paz es la reconciliación, ni siquiera la reparación económica, sino la reconciliación”.
Luego arremetió contra las reuniones de las FARC y el Gobierno Nacional en la Habana Cuba, y no en vano ya que en esas mesas se define (entre otras cosas) si saldrá en libertad el próximo año, o si deberá esperar más, reflexiona y exclama eufórico “¿Ustedes qué prefieren?, ¿otros 50 años sin poder viajar por una carretera? O aceptar un acuerdo jurídico con los desmovilizados y continuar hacia un mejor país ¿qué prefieren las 5,5 millones víctimas?”, señaló este joven desmovilizado adjudicado al proceso de Justicia y Paz.